Reforma laboral 2024: los cambios que implica en las indemnizaciones por despido

El nuevo sistema de indemnización por despido

El 26 de septiembre de 2024 se reglamentó la reforma laboral, que impacta directamente al sistema de indemnización por despido. En este blog post, vamos a profundizar en cómo era antes, cómo funciona ahora, y qué implicancias tiene para las empresas.

¿Qué es la indemnización?

La indemnización por despido es una compensación que el empleador debe pagar a un trabajador cuando finaliza su contrato laboral sin una causa justificada.

¿Cómo era antes?

Antes de la reforma, la indemnización por despido sin causa se calculaba tomando como referencia el último salario mensual del trabajador y su antigüedad en la empresa. El empleador debía pagar el equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Este esquema implicaba una importante carga financiera en casos de despidos masivos o en tiempos de crisis.

¿Cómo es ahora?

Con la reforma introducida a través del Decreto 847/2024 de la Ley 20.744, se implementó un fondo de cese laboral obligatorio. Este fondo exige que las empresas realicen aportes mensuales, que serán utilizados para cubrir las indemnizaciones en caso de despido. Así, las empresas ya no tienen que desembolsar grandes sumas de manera inmediata, ya que los pagos se distribuyen a lo largo del tiempo mediante este fondo.

Además, el nuevo sistema establece un límite máximo para la indemnización, lo que proporciona una mayor certeza a las empresas sobre sus obligaciones financieras. Esto significa que, en lugar de calcular indemnizaciones potencialmente altas basadas en años de servicio, el monto a pagar queda acotado a un determinado rango, lo que facilita la planificación financiera y reduce el riesgo asociado a despidos.

Otro aspecto clave de esta reforma es la creación de un mecanismo que permite a los empleados acceder a su indemnización de forma más ágil y rápida. Al estar el fondo centralizado, se busca evitar demoras en el proceso de pago, lo que resulta beneficioso tanto para los trabajadores, que recibirán su compensación sin demoras, como para las empresas, que podrán gestionar estos pagos de manera más eficiente.

Por último, la implementación de este sistema también busca fomentar la responsabilidad social empresarial. Al obligar a las empresas a contribuir a un fondo común, se promueve una cultura de protección laboral, donde las empresas se sienten motivadas a ofrecer condiciones laborales más justas, sabiendo que cuentan con un respaldo financiero para afrontar cualquier eventualidad relacionada con despidos.

¿Qué implica para las empresas este cambio?

Este nuevo sistema supone una ventaja para las empresas en términos de previsibilidad financiera. Al realizar contribuciones mensuales, las organizaciones pueden planificar mejor sus costos laborales y evitar grandes gastos inesperados. Esto es particularmente útil para las pymes, que tradicionalmente enfrentaban dificultades para afrontar despidos costosos. A su vez, esta estructura fomenta una mayor transparencia y previsión en la administración de los recursos laborales.